Sin noticias del decreto-ley «De Bienestar Animal»
Por Javier Roque
La celebración hace unas semanas por el anuncio de la aprobación del decreto-ley «De Bienestar Animal» se ha descafeinado en días recientes debido a la demora de su publicación en la Gaceta Oficial.
La noticia, dada el pasado 26 de febrero, llegó exactamente una semana después de que un grupo de activistas por los derechos de los animales se manifestaran pacíficamente frente al Ministerio de Agricultura (MINAG), organismo encargado de redactar el proyecto. ¿El objetivo? Exigir una fecha concreta para la aprobación del decreto-ley, pospuesta una y otra vez desde marzo de 2020.
Aunque unos días más tarde de lo previsto, el ministerio cumplió lo prometido en noviembre de 2020: aprobar el documento antes de que finalizara el mes de febrero. Se trata, sin dudas, de una victoria largamente esperada por la comunidad animalista, que en los últimos años ha intensificado su labor social y política, lo mismo mediante campañas sanitarias que a través de coordinación de refugios y manifestaciones públicas.
No obstante, la demora en la publicación del decreto-ley ha empezado a traducirse no solo en impaciencia por parte de activistas y protectores, quienes cada vez más ven alejarse la fecha de su entrada en vigor, sino también en desconfianza ante una legislación cuyo contenido les sigue resultando desconocido.
–El problema es que nunca se publicó ni siquiera un borrador en el sitio oficial del MINAG para ver que podría salir, qué animales sí iba a incluir, cómo se iba a poner en práctica el decreto-ley, o si vendría incluido un código penal –dice Dennis Valdés, joven activista cubano por los derechos de los animales.
Durante los últimos meses, Valdés, procedente de Sancti Spíritus, ha denunciado en redes sociales casos de maltrato y violencia animal, en especial contra perros que son utilizados en peleas ilegales o como objetivos de caza. También ha puesto la atención sobre la situación de los animales que se encuentran en los zoológicos del país, usualmente relegados a un segundo plano.
Como él, otros tantos activistas y protectores exigen, desde sus perfiles, la publicación de la nueva legislación, de manera que puedan conocer su contenido y que este empiece a concretarse cuanto antes.
–Lo que queremos es que el decreto-ley se ejerza a los 90 días de ser publicado, pero han pasado [más de] dos semanas y todavía nada –dice Valdés.
Aunque no puede darse nada por seguro, este demora pudiera deberse a varias razones. Por un lado, la periodista Mónica Fernández explicó recientemente en un artículo para CubaNoticias360 que el gobierno cubano podría estar presionando a los organismos responsables de trazar las normativas complementarias al decreto-ley para así publicar todo el paquete de medidas de una sola vez.
Con esto, el gobierno buscaría que no suceda lo mismo que con varias regulaciones previas, que han quedado inoperantes a través del tiempo por falta de legislación específica. De ser este el caso, Fernández cree que la publicación podría demorar hasta seis meses, de acuerdo a lo observado con varios decretos-leyes en 2020.
Otro artículo, publicado en Diario de Cuba y basado en el criterio de varios abogados, sopesa la posibilidad de que el gobierno esté ganando tiempo para materializar el cumplimiento de lo contenido en la legislación. Ello incluiría cuestiones tan diversas como la universalización de los servicios de medicina veterinaria –todavía inconclusa–, la creación de una red de farmacias para atención animal o el aseguramiento de ayuda logística a refugios independientes que así lo exigen del Estado.
–Ahora, cuando se publique en la Gaceta Oficial, será sí o sí, no sabemos siquiera si estará abierto a futuras modificaciones –dice Valdés–. Si ellos hubiesen publicado al menos un borrador, los animalistas tuviéramos más conocimiento al respecto y sabríamos si es necesario incluir aspectos que no se tuvieron en consideración o que no se pensó incluirlos.
Según una escueta nota de prensa publicada el mismo 26 de febrero en el portal digital del MINAG, el decreto-ley incluirá las responsabilidades que tendrán los Órganos del Estado, las distintas formas asociativas y los propietarios de animales con respecto a estos. Además, estarán presentes las obligaciones de los médicos veterinarios y las personas encargadas de gestionar el control de poblaciones callejeras.
Por último, el decreto-ley dispondrá los requisitos para el uso de animales en actividades deportivas, de entretenimiento, exhibición, experimentación, educación técnica y profesional; así como las exigencias sanitario-veterinarias para la crianza, comercialización, transportación, estabulación, sujeción y sacrificio de animales.
Tres semanas después de su aprobación, esto es, a grandes rasgos, lo único que se sabe al respecto.
–No encuentro descabellados los prejuicios de muchos animalistas que temen que, de salir finalmente, pueda ser aplicado en parte contra los propios protectores, por el hacinamiento forzado de perros y gatos en refugios improvisados y la falta de recursos para su mantenimiento –dice Verónica Vega, otra activista cubana por los derechos de los animales.
Temores como los de Vega son el resultado no solo de la falta de discusión abierta durante la redacción del decreto-ley o la actual dilación de su publicación, sino también del nulo reconocimiento oficial por la labor que vienen desarrollando activistas y animalistas independientes desde hace años.
Estos no son ajenos al hecho de que las notas publicadas en medios oficiales invisibilizan su rol en el logro del decreto-ley. Alguna, incluso, ha lanzado acusaciones contra varios de ellos en medio de un contexto marcado igualmente por amenazas y ciberataques. En este sentido, los abogados entrevistados por Diario de Cuba no descartan que el gobierno busque restarles protagonismo con el nuevo decreto-ley.
Por otra parte, durante las últimas semanas el Estado ha dado muestras de querer seguir centralizando la salud animal en el país. Quedó demostrado a finales de enero con la publicación del decreto 20/2020, que prohíbe, hasta nuevo aviso legal, el ejercicio privado de la medicina veterinaria, aun cuando las instituciones estatales no cuentan con los recursos necesarios para hacerse cargo de todo.
–La comunidad animalista se ha articulado sola, a pesar de la omisión institucional, el descrédito tácito y el acoso a algunos de sus exponentes –dice Vega–. Los veterinarios deberían apoyar mucho más a los protectores, que cargan con un peso desproporcionado y ven sus vidas desgastarse en una labor que sigue siendo simbólica.
A esperas de la publicación del decreto-ley, la comunidad animalista independiente ha dado a conocer un grupo de exigencias que, según Dennis Valdés, deberían estar incluidas en el documento, entre ellas algunas sobre las que el Estado no ha dado pistas hasta el momento.
Hablamos de la penalización rigurosa ante cualquier tipología de maltrato, la abolición de enfrentamientos entre animales promovidos por el ser humano o la prohibición de la caza deportiva, los rodeos, las competencias que no constituyan disciplinas reconocidas por instituciones internacionales, la comercialización de gallos de lidia y el uso de estricnina como método de sacrificio y control de poblaciones callejeras.
Por último, los animalistas también exigen el cierre de los zoológicos existentes en el país y el traslado de esos animales a santuarios o reservas, la creación de regulaciones al sacrificio por motivos religiosos y la posibilidad de crear centros municipales de acogida y adopción, ya sean estatales, mixtos o privados.
De no quedar contemplados en el actual decreto-ley, estos requerimientos podrían marcar el rumbo del activismo animalista cubano durante los próximos meses y años.
Publicado originalmente en El Estornudo.
